El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes la declaración de 23 municipios españoles como zonas de mercado residencial tensionado, una figura recogida en la Ley de Vivienda para permitir la regulación de precios del alquiler en áreas con subidas desproporcionadas. Entre ellos figura A Coruña, que se convierte así en la primera ciudad de Galicia en acceder a este mecanismo, que estará vigente durante tres años.
Con esta incorporación, junto a San Sebastián y 21 municipios navarros, ya son más de 8,2 millones de personas las que viven en zonas donde se podrán aplicar límites al alquiler. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, prevé que próximamente se sumen también Santiago de Compostela —donde el proceso se ha ralentizado por requerimientos documentales de la Xunta—, municipios de Asturias y nuevas localidades del País Vasco.
El Ayuntamiento de A Coruña solicitó formalmente esta declaración en marzo, y recibió el visto bueno de la Xunta a finales de mayo. Tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos, el Ministerio ha aprobado su entrada en vigor a partir de este miércoles.
¿Qué supone ser zona tensionada?
La declaración de zona de mercado residencial tensionado habilita al Ayuntamiento a limitar los precios de los nuevos contratos de alquiler, que deberán estar alineados con el contrato anterior. Además, se aplicará un índice de referencia obligatorio para los grandes tenedores de vivienda.
El mecanismo también incorpora incentivos fiscales: los pequeños propietarios que rebajen el precio del alquiler pueden deducirse hasta el 90% de los ingresos obtenidos.
Asimismo, las administraciones están obligadas a impulsar medidas para aumentar la oferta de vivienda en alquiler durante el período de vigencia de la declaración, con el objetivo de revertir la situación de encarecimiento.
Desde el Ministerio se defiende que esta política ya muestra resultados: en Barcelona, por ejemplo, el alquiler medio ha descendido un 8,9%, según datos del Institut Català del Sòl. En el conjunto de Cataluña, la bajada ha sido del 4,7%.
