El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda de La Coruña, Francisco Díaz Gallego, presidió esta mañana una mesa sectorial creada por el Concello, con representantes de diversas entidades afectadas por el desarrollo de las viviendas de uso turístico (VUT).
Entre los asistentes estuvieron Luisa Varela y Juan Manuel Iglesias de la Federación de Asociaciones Vecinales, Juan José Yáñez de Aproinco, Lisardo Núñez y Rafael Serrano de Aviturga, Agustín Collazo de Hospeco, Teresa Suárez Agrasar del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, Patricia Vérez y Esperanza González del Colegio Oficial de la Propiedad Inmobiliaria, Ruth Varela del COAG y Miguel López de la Asociación de Consumidores.
Regulación de las VUT
Durante la reunión, la tercera celebrada hasta la fecha, Díaz Gallego detalló los pasos que está tomando el Gobierno de Inés Rey para establecer una regulación de las VUT. Desde este mes y hasta finales de julio, el Concello enviará notificaciones a los 1.277 propietarios de viviendas turísticas registradas en la ciudad. Estas notificaciones explicarán la necesidad de darse de alta como actividad económica y detallarán la normativa municipal aplicable.
La normativa municipal, vigente desde el Plan General de 2013, establece límites para la instalación de VUT. En la zona Pepri, solo podrán ubicarse en edificios completos y plantas bajas o plantas siguientes vinculadas a la baja. En el resto de la ciudad, únicamente en planta baja y primera.
Consenso y propuestas
Los participantes en la reunión coincidieron en la necesidad de avanzar en una regulación del sector lo antes posible. Las diversas entidades se comprometieron a enviar sus propuestas por escrito durante el mes de julio, con el objetivo de convocar una nueva reunión en septiembre para debatir sobre un borrador de la ordenanza reguladora.
«Nuestra intención es escuchar a todas las partes y tener en cuenta todas las sensibilidades al establecer un reglamento, teniendo en cuenta, en todo caso, que un reglamento es necesario para evitar que las viviendas de uso turístico puedan convertirse en un problema para la convivencia vecinal y para el mercado del alquiler», indicó Díaz Gallego.
