La alcaldesa, Inés Rey, informó el pasado 23 de julio de la aprobación del plan de medidas específicas que se aplicarán hasta el año 2028 al amparo de la declaración de zona de mercado residencial tensionado en A Coruña, con el objetivo de mejorar la situación actual de la ciudad en materia de vivienda, «con un desequilibrio evidente frente al que ya estamos actuando porque el acceso a una vivienda digna y asequible es un derecho constitucional que debe respetarse».
Tal como explicó la regidora, la aprobación de este paquete de medidas supone también el último trámite necesario para la entrada en vigor de los límites a los precios del alquiler que establece la zona residencial tensionada. Cabe recordar que el abanico de actuaciones previstas fue expuesto en la mesa sectorial de vivienda la semana pasada. Ahora, tras recibir luz verde de la Junta de Gobierno Local, será remitido a la Xunta y al Ministerio para su validación y entrada en vigor de las medidas recogidas en la Ley de Vivienda.
A Coruña cuenta, a día de hoy, con un parque de vivienda pública —en propiedad pública o de gestión municipal— de más de 870 viviendas. La mitad de ellas, propiedad del Ayuntamiento o gestionadas por EMVSA. Las demás, por el IGVS. La realidad actual es que hay 3.761 demandantes de vivienda pública en la ciudad —datos oficiales del 15 de julio—, «lo que deja claro que la oferta es totalmente insuficiente, y esto tiene sus causas: falta de promoción de vivienda pública en los peores años de la crisis, crecimiento descontrolado de las VUT y ausencia de medidas hasta el año 2019 para intervenir en edificios en ruinas o inacabados», dijo Rey.
Todo esto, en un contexto en el que el esfuerzo financiero de las familias ha ido al alza hasta el punto de que más de un 30 % de los ingresos mensuales se destinan al pago del alquiler, según estiman los informes técnicos municipales. «Eso no es sostenible, ahoga a la ciudadanía y disminuye su calidad de vida», apuntó Inés Rey.
Cuatro bloques de medidas, con la vista puesta en 2028
El concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, detalló con precisión el paquete de medidas que aplicará el Ayuntamiento, divididas en cuatro bloques: fomentar la promoción de más vivienda pública y protegida; actualizar y adaptar el marco regulador y dar un impulso a las actuaciones en el parque residencial de la ciudad; impulsar ayudas de rehabilitación y movilización de las viviendas vacías; y fomentar la colaboración interadministrativa para hacer un seguimiento de las medidas y valorar acciones sobre la marcha.
Como recalcó Díaz Gallego esta mañana, hay medidas dentro de estos cuatro bloques que ya están en marcha. Por ejemplo, la construcción de vivienda pública (las 55 de Xuxán y Marqués de Pontejos), bien con fondos propios o captados por el Ayuntamiento. También la cesión de suelo municipal a cooperativas y promotoras relacionadas con el tercer sector, que recibió un impulso en la pasada Junta de Gobierno, abriendo camino a la creación de 130 nuevas viviendas de alquiler asequible. Y además, la movilización de suelo propio que el Ayuntamiento cede al IGVS para facilitar la construcción de otro centenar de viviendas públicas en Los Rosales, la plaza de la Porticada y Pedro Fernández, en A Pasaxe. El concejal explicó que también se valora la constitución de un Banco Municipal de Viviendas destinadas al alquiler social.
«Hacemos esto porque A Coruña está muy por debajo de la media europea de 3,2 viviendas sociales por cada 100 habitantes. Para equipararnos con ella, necesitaríamos un total de 8.000 viviendas públicas o protegidas en la ciudad», precisó.
La ordenación de las VUT, fundamental
Díaz Gallego apuntó que otro de los ejes clave estará en la modernización de los marcos normativos vigentes. «Acabamos de aprobar en el Pleno la nueva ordenanza VUT. En primer lugar, porque reducía el número de viviendas disponibles para alquiler y, además, porque satura e incrementa los costes para la prestación de servicios municipales».
Además, el Ayuntamiento tiene en marcha el Plan Municipal de Recuperación de Ruinas, que contempla sacar a subasta pública forzosa los inmuebles en los que las personas propietarias incumplan sus obligaciones en materia de conservación y rehabilitación. «Ya hay inmuebles con licencia para rehabilitar, en San Andrés, por ejemplo», indicó el concejal.
Y además, está previsto movilizar las viviendas vacías de la ciudad a través de EMVSA, mediante su cesión por parte de particulares para facilitar alquiler asequible. Se estima que hay unos 19.000 inmuebles en esta situación en la ciudad.
Fomentar la incorporación de las viviendas vacías al mercado de alquiler
En esta línea de acción, el Ayuntamiento también prevé que las futuras convocatorias de ayudas municipales de rehabilitación y accesibilidad estén directamente vinculadas al fomento de viviendas de alquiler asequible y a la incorporación al mercado de alquiler de viviendas vacías. Además, se fomentará el alquiler de viviendas desocupadas y vacías con la oferta de ayudas directas para el pago de pólizas de seguro de impago y multirriesgo.
Además, tal como apuntó el concejal, «se estudiarán posibles bonificaciones fiscales para las viviendas vacías que se incorporen al mercado de alquiler asequible».
Regulación del precio del alquiler
Además, el Ayuntamiento acometerá la creación de un registro de demandantes de vivienda de alquiler social en la ciudad, en paralelo a la regulación del precio del alquiler. Tal como explicó Francisco Díaz Gallego, «en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda en los que el inmueble se ubique en una zona de mercado residencial tensionado, la renta pactada no podrá exceder de la última renta del contrato de arrendamiento de vivienda habitual sujeto a la Ley, que hubiese estado vigente a lo largo de los últimos cinco años en la misma vivienda».
Objetivo: un 20 % de viviendas de políticas sociales en el año 2045
Francisco Díaz Gallego subrayó que algunas de las iniciativas expuestas ya están en marcha y, en otros casos, «se irán implementando o desarrollando en este marco temporal que tenemos previsto hasta el año 2028».
Todo esto, con un objetivo claro: que tanto estas medidas específicas como el desarrollo de las previsiones del PXOM (con iniciativas activas en polígonos como Visma y Someso, entre otros) permitan que A Coruña cuente en los próximos veinte años (2045) con un 20 % de sus hogares dedicados a viviendas de políticas sociales, revirtiendo así el déficit que tiene la ciudad a día de hoy.
