El Pleno del Congreso aprobó este jueves de forma definitiva la ley para transferir la AP-9 a Galicia, al rechazar las enmiendas que el PP había introducido durante la tramitación en el Senado y mantener así el texto pactado inicialmente por PSOE, Sumar y BNG.
La norma fija como objetivo la transferencia a Galicia de la titularidad de la Autopista del Atlántico, de las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y de las funciones y servicios asociados.
Cómo se materializará la transferencia
El texto aprobado establece que la Administración General del Estado y la Xunta elevarán a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo que determinará las condiciones y límites del traspaso de competencias, que será aprobado por real decreto. Dicho acuerdo deberá abordar la autorización de nuevos tramos y reformas, la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la autopista, la potestad sancionadora frente a incumplimientos de la concesionaria, las modificaciones del régimen económico-financiero de la concesión —incluyendo el establecimiento, actualización y supresión de peajes y programas de descuento— y la redacción de convenios.
En materia económica, el texto prevé que la Administración General del Estado conserve a su cargo las obligaciones con repercusiones económicas derivadas de modificaciones adoptadas durante el periodo en que ha ejercido la competencia. Las consecuencias de decisiones tomadas antes de la transferencia recaerán igualmente sobre el Estado.
El choque entre bloques
El debate parlamentario evidenció el enfrentamiento entre el bloque formado por PSOE, Sumar y BNG, defensor del texto original del Congreso, y el PP, que insistió en mantener las modificaciones introducidas en el Senado por considerar que «blindaban» financieramente a Galicia. Los populares advirtieron de que, en las condiciones aprobadas, la Xunta podría verse obligada a asumir costes de hasta 4.000 millones de euros, comprometiendo la futura gratuidad de la autopista.
El BNG calificó la aprobación de momento «histórico» tras décadas de reivindicaciones y acusó al PP de recurrir a «mentiras y manipulaciones» para obstaculizar el traspaso. Desde el PSOE reprocharon a los populares que reclamaran la transferencia en Galicia y, a la vez, dificultaran su tramitación en las Cortes. El PP, por su parte, defendió que sus enmiendas eran las únicas que respetaban íntegramente el acuerdo alcanzado por unanimidad en el Parlamento gallego y garantizaban una transferencia «sin cargas indeseadas ni facturas ocultas».
